El presidente Santos ratifica destitución de Petro

En una intervención el Presidente Juan Manuel Santos ratificó la decisión de la procuraduría en la destitución del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro y designó como alcalde encargado al ministro de trabajo Rafael Pardo.

El Presidente Colombiano Juan Manuel Santos rechazó la recomendación de medidas cautelares dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, emitida el día de ayer en la cual se solicitaba al estado colombiano adoptar dichas medidas hasta que el caso fuera estudiado más a fondo.

En su intervención Santos aseguró que la justicia colombiana había actuado de forma oportuna, transparente y eficaz en el caso del alcalde Petro y que a este aún le quedaban instancias jurídicas, dentro de la justicia colombiana, a las cuales acudir. Su argumento principal fue que como Jefe de estado debe velar por el adecuado cumplimiento de la Constitución y de las leyes en defensa de las instituciones. En los próximos días la cancillería colombiana le explicará, en una carta detallada, a la CIDH los motivos por los cuales ratificó esta decisión.

Desde el 9 de diciembre cuando se emitió el primer fallo de la Procuraduría por la crisis de las basuras ocurrida en 2012, Gustavo Petro venía recurriendo a diferentes instancias jurídicas con la intención de revocar dicho fallo. Durante este tiempo fueron más de 300 tutelas que tanto los tribunales como las altas cortes tuvieron que solucionar, en el fenómeno que llamaron “tutelatón.” El principal argumento de la Procuraduría contra el exalcalde Gustavo Petro, fue que puso en riesgo la salud publica de todos los bogotanos durante tres días a raíz del cambio en el sistema de recolección de basuras de la capital Colombiana.

El rechazo de la solicitud de la CIDH  sentaría un precedente en cuanto al cumplimiento del derecho internacional por parte de este gobierno. Esta decisión podría elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son de cumplimiento obligatorio.

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Indagaciones sobre Bienes del corononel (r) Gonzales del Río y del General (r) Navas

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                                               Foto tomada de: www.eltiempo.com

En los próximos días el teniente coronel (r) Robinson González del Río va a solicitar a la fiscalía un preacuerdo dentro del proceso de “falsos positivos que hay en su contra”, González del Río buscaría así obtener una condena menor a 15 años, sin embargo, a pesar de que no se le ha notificado, está siendo investigado para esclarecer si recibió comisiones por tramitar irregularmente contratos en el ejército, adquisición de armamento, fondos para su defensa y por hacerles “favores” a un exmagistrado y a sus superiores.

Durante las primeras indagaciones sobre el tema se conoció que González adquirió una casa en el barrio La Vainilla II y otra más en el condominio Bosques de Abajam, ambas en Villavicencio (Meta) y que en el 2008, compró un apartamento en un edificio en Ciudad Salitre, predio de 80m² que le costó 168.7000.000.

En las grabaciones recientemente encontradas también hacen referencia las intenciones de González de comprar un penthouse avaluado en 250 millones de pesos en el mismo, así como la negociación de una hacienda (en el año 2012) en los llanos orientales cuyo precio sería cercanos a los 4.300 millones de pesos.

El interrogante en este caso es si el teniente coronel (r) González del Río adquirió  estos bienes por medio de terceros, de acuerdo con la fiscalía en su círculo más cercano de amigos estrían las pistas para aclarar la situación. Sin embargo hasta el momento los conocidos de González afirman que su patrimonio es modesto y que dicho penthouse iba a ser comprado con el dinero de un préstamo.

 El caso del general Rey

Por otra parte el patrimonio del general Javier Rey Navas también está siendo objeto de investigación después de que saliera del ejercito a causa de las grabaciones reveladas por la revista Semana. (  lea también: Los negocios del ejército)

En estas grabaciones el teniente González presiona a Gabriel Cruz Tinjacá, uno de los contratistas del ejército, para qué consiga una pieza para un helicóptero que iría a las manos de Rey, mientras que en otra Cruz promete una comisión si le adjudican un contrato por 5.000 millones de pesos.

En las indagaciones en notarias se encontró que los bienes de Rey ascienden solo a 600 millones de pesos, entre estos se encontraría una casa, en la calle 146 con 6ª que adquirió en 2007, muy por debajo del valor comercial. El vendedor fue el pensionado Camilo Ramírez, sin embargo 18 meses antes dicha casa estuvo a nombre de David Behar Benítez quien es el representante de las empresas que le proveen cárnicos y maní a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Behar Benitez afirma que no conocía al general Rey Navas pero que si supo que adquirió la casa un año y medio después. Behar quien es gerente de Antárdico S. A., que proveen productos nutritivos al ejército, sostiene que la adjudicación del contrato se hizo por medio de un corredor y de la Bolsa Nacional Agropecuaria.

Rey Navas, en unas declaraciones entregadas a EL TIEMPO, negó saber que el dueño anterior de la casa Behar Benitez y sostuvo que solo hasta 2010 fue ordenador de gasto y que nunca habló con Behar. (lea también: “Buscan ‘penthouse’ y finca del coronel (r) González del Río”)

En estas declaraciones aclaró duda sobre su patrimonio y sostuvo que conoció la casa mientras caminaba con su mujer y que intentó negociarla dos veces en  2005 y 2006 pero que en ese entonces le fue imposible pagar el valor que tenía en el momento. Afirma que en 2007 cuando inició el curso de general, pudo adquirir la propiedad después de  entregar su apartamento, sacar sus cesantías, pedir un leasing (un contrato por medio del cual el arrendador traspasa el derecho de usar un bien a un arrendatario en el que al cabo de un plazo existe la posibilidad de compra del inmueble).

En cuanto a porqué el precio del predio aparece por un precio menor en los papeles afirmó que figura por 450 millones de pesos porque el precio lo ponía el vendedor y en ese entonces los papeles se hicieron sobre lo que figuraba en el avalúo catastral, sin embargo no dudó en manifestar  que pagó tres veces ese valor.

Se celebró el primer concierto “Arte y cultura para la paz” en Bogotá

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El día domingo 9 de febrero se celebró el primero de los conciertos de música urbana, en el marco del evento “Conciertos Arte y cultura para la paz”, que se realizaran durante todo el mes de febrero en el teatro al aire libre “La Media Torta”.

Este ciclo de conciertos contará con la participación de más de 150 artistas urbanos que promueven la paz por medio del arte y la cultura..

La finalidad de esta serie de eventos es promover un espacio para la participación social y el ejercicio de los derechos culturales y artísticos de los ciudadanos, resaltando el papel del artista en los procesos de construcción de paz y su contribución a los mismos. “El proceso de paz no solo se hace con la firma de un papel en la Habana, empieza dentro de nosotros” dijo uno de los vocalistas de la Banda Afrikan Soul durante el concierto.

El concierto contó con la participación de bandas de música urbana como Afrikan Soul, quienes llevan ocho años en la escena artística, y en cuya fusión de jazz, soul, hip hop, ska, le cantan a la vida evidenciando las problemáticas sociales que se dan en el ámbito distrital y sobre situaciones que marcaron al país. Con canciones como “Revolución”,  “Paro Nacional” y “Los caídos” le hablan a los que se tienen altos cargos en el gobierno y reafirman su postura en contra de la corrupción y a favor del combate por medio del arte.

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Otra de los grupos participantes fue Aainjaa con una puesta en escena que involucraba a 21 participantes y que por medio de la percusión puso a vibrar a los asistentes al evento con una fusión de ritmos afro colombo/brasileños y funk. En su presentación carga de energía vida y movimiento no solo los tambores fueron los protagonistas sino también un ensamble de danza e instrumentos de viento que armonizaban a la perfección con excitantes sonidos.

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Grupo Aainjaa

La banda de rock bogotana Skampida también puso su sello en el evento, esta banda de rock conformada en 1998 y con fuertes influencias del hip hop, cumbia, punk y champeta hizo saltar a los asistentes con compases de letras sociales que le apuntan a la paz, a la movilización social por un país mejor, a la unión social y el respeto por la vida. Sus mezclas de rock acompañado por el acorde de un saxofón hicieron que los asistentes al evento saltaran sin parar en sus asientos y unos cuantos armaran un pogo frente al escenario.

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Grupo Skampida. Tomada de http://www.diarioadn.co

El grupo Alto grado conformado en 2008 por un grupo de jóvenes que buscan con ritmos como reggae, hip hop y ska transmitir un mensaje de amor y solidaridad entre toda la comunidad sin dejar de lado el carácter urbano de sus canciones que refleja la realidad del país y con su música suave pero con voces y letras poderosas varios de los asistentes corearon las canciones y acompañaron con palmas su presentación.

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Banda Alto grado. Tomada de http://www.radiomacondo.com

Por: Manuela Martínez Belalcázar.

Entre leyes, armas y plumas

La efectividad de las medidas de protección de periodistas en México.

 La censura, el terror y el miedo parecen estar escondidos ante nuestros ojos, camuflados bajo el velo de la democracia. Qué pasa cuando aquel velo comienza a levantarse para descubrir ante nuestros ojos aquellos riesgos encubiertos de la labor periodística que nos invitan a darle una mirada a la efectividad de las medidas de protección implementadas en uno de los países donde ejercer el periodismo puede costar la vida.

México 28 de abril de 2013 cientos de periodistas en catorce estados del territorio federal salen a marchar en contra de la impunidad, pancartas que muestran mensajes de esperanza, fuerza y lucha le hacen eco a las cientos de voces que claman por justicia. El cuarto poder tiembla, parece no tener refugio y así quienes antes informaban ahora son noticia; en 2013 se han registrado 225 agresiones contra periodistas y medios, las voces se están silenciando y parece no haber escapatoria del miedo. Ha pasado casi un año desde la aprobación de la Ley para protección a periodistas y la ola de violencia en contra de ellos no tiene fin, cámaras manchadas con sangre, plumas olvidadas en los escritorios, micrófonos apagados e historias que nunca verán la luz, son el resultado de una guerra sistemática que ha acabado con miles de inocentes. “No se mata la verdad matando periodistas” coreaban cientos de voces en esa marcha, sin embargo la verdad no puede ser garantizada si quienes la muestran no están protegidos. Las luchas de estos periodistas no son por el poder, son unas luchas por la libertad, la verdad y la justicia, para que la ley vaya más allá del papel.

La situación no es reciente ni repentina desde que en 2006 Felipe Calderón empieza su periodo presidencial con un claro discurso con el cual busca implementar una guerra sistemática en contra del narcotráfico y todos los carteles de droga que se estaban posicionando en el país distribuyendo al ejército por todo el territorio mexicano, armas, fusiles y botas militares hacen su aparición en cada una de las esquinas de aquellas ciudades donde esta guerra  parece no dar tregua, Ciudad de Juárez, Chiapas, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa son testigos de este despliegue de fuerza y sus calles pronto se llenan de atronadores ruidos de metralleta y ríos interminables de sangre.

La guerra ha sido declarada y ha comenzado, sin embargo ninguno de los contendientes pretende dar marcha atrás, cada día, cada hora el narcotráfico va penetrado los poros de esta sociedad impactada y aterrorizada logrando rebasar sus barreras y en algunos casos llegando a su corazón. El temor es inevitable y la corrupción también parece serlo, caen constantemente miembros de los dos bandos mientras que aquellos que se encuentran en el medio de aquel fuego cruzado también se ven alcanzados por los proyectiles, mueren familias, mueren inocentes, mueren periodistas.

En el sexenio de Calderón fueron asesinados cerca de 84 periodistas, 12 desaparecidos y se realizaron cerca de 40 atentados contra medios de comunicación que se suman a las 70.000 víctimas que ha dejado esta incesante lucha contra el narcotráfico, los abusos a los derechos humanos no dieron espera y la impunidad que es del 95% tampoco bajo la guardia; la gente está desmoralizada y no queda mucho que esperar de la tierra de los mayas, el presidente no da marcha atrás y tampoco deja caer el velo que le cubre los ojos impidiéndole ver como su país poco a poco se va desangrando. La corrupción ha tocado casi todas las puertas y ha decido establecer morada en muchas de ellas, las principales instituciones se ven involucradas con los grandes carteles, no se sabe en quien confiar y no se tiene en quien creer.

Los abusos y atentados contra una prensa rebelde que no se deja silenciar aumentan, ya no solo son mensajes anónimos, ahora son llamadas misteriosas, persecuciones, amenazas contra las familias, atentados contra los periódicos; disparos, granadas, censura y autocensura se convirtieron en el pan de cada día, la guerra psicológica en contra de los que no guardan silencio había empezado y ellos no tenían donde resguardarse, el presidente no quería oír sus historias y las organizaciones internacionales no encontraban más métodos para hacerse escuchar. En 2012 la venda sobre los ojos del mandatario por fin comienza a caer permitiéndole ver aquello que estaba ocurriendo, Calderón decide hacer algo llevando ante el congreso “La ley para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, su periodo está a punto de terminar y esta ley por fin logra ser aprobada. Felipe Calderón se despide de la presidencia pero México no se despide del narcotráfico ni de la violencia.

Enrique Peña Nieto llega al poder con un discurso fresco, renovado que propone menos armas y más cooperación, no obstante y en contra de los nuevos vientos, la violencia contra los periodistas no da tregua, con o sin plan de seguridad Nacional y a pesar de poseer una ley aprobada y una fiscalía especial para atender y resolver sus casos, hasta septiembre de 2013 se han registrado 225 agresiones contra periodistas, 3 asesinatos, 2 desapariciones, 4 ataques a medios, 27 amenazas y 7 privaciones ilegales de la libertad siendo los carteles de la droga (los zetas, los carteles de Juárez, Sinaloa, Tijuana, del golfo, entre otros) junto con el estado mexicano los principales perpetradores de los crímenes.

¿Los mecanismos de protección más allá del papel?

Una fiscalía encargada de investigar casos contra periodistas, sin aparente autonomía ni voluntad que funciona desde 2006 y un mecanismo de protección a periodistas implementado desde hace año y medio y cuyos resultados son desalentadores parecen ser las únicas trincheras en las que los periodistas se pueden resguardar.

En 2006 la FEADP, Fiscalía especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas hace su aparición en la esfera pública con la plena intención de favorecer a los periodistas y reducir la impunidad, al poco tiempo de su creación le llueven los diferentes casos y para sorpresa de muchos y confirmación de otros tantos resulta siendo ineficaz a la hora de investigar aquellos crímenes en contra de comunicadores convirtiéndose en otro de los organismos comenzó en el papel y que pareció nunca alejarse de él. Problemas de orden técnico, falta de independencia de la Procuraduría General, carencia de cooperación interinstitucional en donde a pesar de tener al mismo tipo de víctimas las diferentes dependencias no trabajan juntas para solucionar sus casos, sumados a falta de voluntad política  dieron como resultado lo que algunos se atreverían a llamar otro castillo en el aire rodeado fuertemente por los verdugos de la verdad y la justicia.

“La expectativa era muy grande” afirma Martha Olivia López, directora de la organización Casa de los Derechos de los Periodistas, “hace un año cuando se expidió la ley las organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas teníamos una gran, gran expectativa de que funcionara y de que se trabajara como se debe.” Después de años de lucha por parte de varias organizaciones no gubernamentales tanto dentro como fuera de México para que se crearan mecanismos de protección verdaderamente efectivos, por fin pareciera que se filtrase un rayo de luz para los periodistas luego de estar sumidos tanto tiempo en la oscuridad. La apuesta era alta y los posibles resultados de la misma pretendían ser maravillosos, protección a periodistas, medidas de reubicación, asignación de escoltas, botones de pánico, entre otros fueron algunas de las propuestas de la ley, sin embargo año y medio después de su aprobación pareciera como si todas aquellas promesas quedaran enterradas bajo las voluntades políticas y los juegos de poder. “Había una muy alta expectativa, las organizaciones de la sociedad civil hicimos un voto de confianza para decir que si se podía avanzar en este sentido sin embargo los resultados no son los esperados”, concluye.

En 2013 el presidente cambió y consigo cambiaron también sus gabinetes, el desorden impera al interior de las instituciones, las personas apenas se están adaptando a sus nuevos cargos y mientras esto sucede, aquel caos se ve reflejado en las vidas de quienes antes contaban con ellos, dándole la oportunidad al peligro para rozarles los talones; la respuesta que tiene que dar el mecanismo a una solicitud urgente en donde la vida del periodista se encuentra en inminente peligro debe darse en un máximo de 12 horas de acuerdo a lo estipulado en la ley, no obstante ahora el mecanismo está respondiendo dichas solicitudes en un periodo de tiempo que va desde los cuatro a los diez meses, con acciones que pueden tardarse otro mes más en ponerse en práctica.

Marchas, movilizaciones de periodistas y sociedad civil, campañas de concientización en redes y unas organizaciones sociales bien plantadas fueron necesarias para que estos dos mecanismos fueran considerados por el gobierno federal.

Sin embargo al no ser estos mecanismos del todo suficientes para enfrentar la realidad que se vive, los periodistas y las organizaciones de derechos humanos siguen de pie enarbolando la pancarta de la justicia y la equidad, armados con una infinita paciencia y valentía se mantienen firmes en sus propósitos y exigencias incluso cuando las batallas parecen perdidas voces de lucha alimentadas por el coraje de unos cuantos consiguen escucharse un poco más para hacerles saber a las autoridades que ellos siguen ahí, que no se han rendido, “Uno de los acuerdos, de los resolutivos fue exigirle a esta fiscalía que cumpla con lo establecido en el acuerdo legal con la finalidad de erradicar el grado de impunidad que existe en México con respecto a los asesinatos y demás agresiones contra periodistas.” comenta Martha Olivia sobre los resolutivos, publicados en El País de España, productos del segundo encuentro de periodistas realizado en México del 30 al 3 de noviembre de este año.    

Cuando las armas amenazan a las plumas.  

“Tengo miedo todos los días. Vivimos con miedo. Te da miedo abrir la puerta de tu casa o estar aquí sin protección alguna. Miedo a los malos, y también a los ‘buenos’ como el gobierno. Es una delgadita línea entre ambos que se cruza y se rompe” sostiene Félix Márquez en el reportaje “Periodistas y su peregrinar por Veracruz”, muchos periodistas como él viven con constante temor, temor de salir y de publicar cualquier nota porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. “Las amenazas no son por la gran noticia, por el gran reportaje que hayas hecho sino simplemente porque mencionaste algo o alguien que ellos protegen” agrega Martha Olivia.

La situación a la que se enfrentan parece increíble, carros parqueados fuera de sus casas, de sus oficinas, llamadas amenazantes, correos insultantes, allanamiento de morada y agresiones físicas sirven como advertencias que tanto grupos criminales como sombras estatales utilizan para entregar su mensaje: hay que guardar silencio. Un sin número de periodistas han caído, sus cámaras se han apagado, sus voces silenciado y aquellos recuerdos que quedan de ellos están sellados por el temor.

Armando Rodríguez y Luis Carlos Santiago Orozco dos periodistas de El Diario de Ciudad de Juárez fueron asesinados en 2008 y 2010 respectivamente por grupos del crimen organizado que hacen presencia en Juárez, sus casos siguen en la impunidad sin tener una sola pista de los responsables. Sus muertes se le atribuyen a las investigaciones que venían realizando sobre los posibles nexos de agentes estatales y el crimen organizado. Armando Rodríguez quien cubrió durante 14 años temas de orden público en El Diario, semanas antes de su muerte denunció ante organizaciones no gubernamentales que estaba recibiendo amenazas por medio de mensajes de texto, las autoridades le ofrecieron protección policial, sin embargo esta pareció no llegar a tiempo ya que días después fue acribillado a tiros frente a su hija de 8 años mientras esperaba fuera de su casa para llevar a sus dos hijos a la escuela. Luis Carlos Santiago Orozco fotógrafo de este mismo periódico fue asesinado en situaciones confusas mientras se movilizaba a cubrir una noticia, varias investigaciones apuntan a que podría tratarse de una equivocación ya que en el momento de su muerte estaba conduciendo el carro de otro compañero periodista mientras que otras sostiene que se debió a su trabajo periodístico. Estas dos muertes sumadas a varias amenazas dieron como resultado que el 22 de septiembre de 2010 El Diario publicara en su editorial titulado “¿Qué quieren de nosotros?” una carta dirigida a los grupos de crimen organizado que expresaba lo siguiente:

  “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo.”

  Los periódicos en Juárez inclinan la cabeza ante el asedio de las bandas criminales, muchos de ellos se convierten en sus voceros porque no les queda otra opción. No solo los periodistas se ven afectados, las instalaciones de los medios sufren también esta guerra con granadas lanzadas contra los edificios y metralletas haciendo eco en los pasillos de salas de redacción. El 6 de marzo de 2013 las instalaciones de El Diario y Canal 44  fueron atacadas por desconocidos dejando como resultado innumerables pérdidas materiales que se hacen evidentes en los miles de agujeros a través de los cuales se escapan las palabras y se escapa la verdad. No fue un atentado directo, fue una advertencia, sin embrago el mensaje que dejan vuelve a ser claro: la subordinación o la muerte.

Pero a los grupos criminales no son los únicos a los que deben temer, el estado también tiene responsabilidad en estos crímenes bien sea por acción o por omisión. Veracruz, uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, se convierte en el observatorio de este tipo de situaciones: “En Veracruz no hay libertad de prensa. Puedes decir lo que quieres, pero la consecuencia que pagas por decirlo, es desmedida: la vida, el exilio o el desempleo… Yo sé que siempre seré perseguida por el gobierno de Javier Duarte, hasta el último día de su mandato. En Veracruz no se respeta a los periodistas ni vivos ni muertos” sostiene  Maryjose Gamboa, periodista de Veracruz que lleva 18 años ejerciendo el periodismo, en el reportaje “Periodistas y su peregrinar por Veracruz” y quien se ha visto asediada por un gobierno que no acepta críticas. En el gobierno de Javier Duarte se han cometido 17 ataques contra periodistas sin que en alguno de ellos se tenga indicios claro o se haya judicializado a los responsables, la presión es palpable y el riesgo parece estar en cada esquina, aquí los protagonistas no son las bandas criminales, que si bien pueden tener participación en estos ataques, el protagonista es el estado con una serie de abusos y de persecución para acallar la protesta.

No es inusual leer, escuchar o enterarse que desde el gobierno se hace una campaña de difamación contra aquellos que escriben con una fuerte línea crítica, mensajes en correos electrónicos anónimos y comunicados oficiales son algunos de los métodos que utilizan funcionarios de este gobierno para tildar a los periodistas de delincuentes, cómplices, mentirosos, locos e incluso peligrosos, se envían comunicados oficiales a los medios de comunicación solicitando desde la gobernación no participar en actos públicos en contra de la impunidad, se despiden periodistas solo porque le resultan incomodos a uno que otro funcionario público. “En Veracruz no hay libertad de prensa, todo se controla con una simple llamada desde la dirección de comunicación social para quitar notas y periodistas” afirma Félix Márquez, fotoperiodista en esta ciudad, en el reportaje “Periodistas y su peregrinar por Veracruz”, pareciera que algunos medios en este lugar estuvieran atados con correa a las caderas del estado.

La guerra en contra de ellos no solo es física,  aunque sombras del estado también han golpeado y amordazado a muchos que se negaban a callar, también es psicológica esparciendo un sentimiento de desasosiego, desesperanza, frustración y olvido en el recuerdo de los que ya no están. El 28 de abril de este año se cumplió un año del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz Regina Martínez, caso que hasta el momento se mantiene en la absoluta impunidad tomando giros inesperados e incomprensibles. No fue un asesinato que se produjo de la nada, Martínez venía siendo amenazada desde hace meses pero no había querido denunciar porque no sabía de donde provenían dichas amenazas, prefirió hacerles frente sola porque no confiaba en la protección que le pudieran ofrecer. De los responsables aún no se sabe nada, en medio de giros turbulentos se apresó al supuesto culpable quien sostuvo haber confesado el crimen bajo tortura de desconocidos, en otro suceso aún más inesperado un juez del distrito dejó en libertad a este hombre quien a los pocos días muere. Poca concordancia en el relato del involucrado y fuertes amenazas contra uno de los compañeros de la periodista que decidió investigar a fondo los sucesos son algunos de los por menores de un caso que deja mucho por pensar, sentir y conocer.

“Cuando la Corte ordenó al gobierno de México que me diera protección, empezaron de nuevo las amenazas” son las palabras de Rosa Isela Pérez en una entrevista concedida a “El País” en febrero de 2012 cuando relata su historia y explica algunas de las razones por las cuales se exilió de México en 2010. Como ella muchos otros periodistas se han ido del país porque los mecanismos que les ofrecen para protegerlos, si es que les ofrecen alguno, no atienden los derechos de forma global.  “Es una falla que solo se han otorgado medidas de protección bajo una lógica de seguridad policial, por lo que falta tener una perspectiva integral de derechos humanos y de las poblaciones que atiende el mecanismo de protección,” asegura Omar Rábago, sociólogo especialista en derechos humanos y libertad de expresión.

Verónica Gambero es otra de las historias de exilio, amenazada por una investigación que estaba realizando sobre detenciones irregulares en las cuales se vinculaban nombres de altos funcionarios del gobierno, deja su corazón en su patria pero se lleva en sus maletas su valentía en aras de proteger a su familia. “Se me dijo de manera muy directa y muy descriptiva cómo podrían matarme a mí y a mi familia, esa fue la razón por la que salí de México”, aseguró la periodista en una entrevista para Reporteros Sin Fronteras. Verónica como muchos otros presentó su caso ante la Fiscalía especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas en donde le dieron respuesta a su solicitud dos días después cuando debieron hacerlo en un máximo de 12 horas. Este organismo le brindaba la protección pero no le informaban el pliego completo de medidas que le ofrecían, un botón de pánico, guardias haciendo recorridos por su calle, posibilidades de escoltas y la reubicación en un refugio era lo primero que le decían;  no obstante los albergues aún no estaban funcionando porque el gobierno no ha destinado el presupuesto suficiente para terminarlos, las rondas policiacas no dan confianza cuando no se sabe para quienes trabajan realmente estos policías y el botón de pánico a pesar de enviar la señal de alerta a las autoridades más cercanas, su respuesta tarda de 15 a 20 minutos.  “Cuando te quieren secuestrar o te quieren matar lo van a hacer aunque tengas diez botones de pánico. La mayoría de los periodistas en los estados se sienten más vulnerables cuando traen uno o dos guardaespaldas porque ya los demás te ven como una persona influyente que puedes tener dinero para ser secuestrable, además los periodistas no estamos acostumbrados a tener guaruras[1] ni a estar protegidos de esa manera, lamentablemente el día que te quieran secuestrar o matar lo hacen” agrega Martha Olivia de la Casa de los Derechos de Periodistas.

Una vez más los periodistas se ven desarmados ante fuerzas más grandes, poderosas y aterrorizantes que las palabras, las ideas y las promesas del estado se desvanecen en el aire y ellos tienen que buscar algún resguardo, las organizaciones internacionales y no gubernamentales que se encuentran en su país parecen ser la única solución. En casos como el de Verónica y el de Rosa sin el apoyo que ONGs mexicanas y organismos internacionales sus historias podrían haber sido diferentes. Unos y otros grupos se relevan y cooperan para brindarles la mayor protección y ayuda no solo jurídica sino también física y psicológica a los periodistas que se encuentran en riesgo. “Mientras el mecanismo empieza a funcionar el periodista llega a una organización, los protegemos unos meses, les buscamos refugio, formas de mantenerse, cuando esa organización ya no tiene los recursos o agota el tiempo de su protocolo, entra a relevarlo otra organización” sostiene Martha Olivia.

“No se mata la verdad matando periodistas” corearon cientos de voces en aquellas marchas, voces que quieren hacerle frente a esa batalla que por momentos parece superar a aquellos periodistas que no se dejan silenciar pero que tampoco tienen trincheras en donde resguardarse del ruido de las balas y del impacto de los fusiles. Su lucha apenas empieza, pero no es solo una lucha de periodistas, de ONGs, de defensores de derechos humanos, es también la lucha de una sociedad civil que está cansada de la impunidad, una sociedad a  la cual apenas se le está cayendo el velo que los mantenía ciegos y que está notando cómo poco a poco las palabras se están desvaneciendo en el aire, esta lucha que es la lucha de todos y sobre todo es un batalla para que el gobierno también se dé cuenta que las leyes deben ir más allá del papel.

MANUELA MARTÍNEZ BELALCÁZAR.

El reportaje “Periodistas y su peregrinar en Veracruz” puede ser encontrado en: http://www.sinembargo.mx/22-04-2013/595030


[1] Guaruras: sinónimo de guardaespaldas.