La efectividad de las medidas de protección de periodistas en México.
La censura, el terror y el miedo parecen estar escondidos ante nuestros ojos, camuflados bajo el velo de la democracia. Qué pasa cuando aquel velo comienza a levantarse para descubrir ante nuestros ojos aquellos riesgos encubiertos de la labor periodística que nos invitan a darle una mirada a la efectividad de las medidas de protección implementadas en uno de los países donde ejercer el periodismo puede costar la vida.
México 28 de abril de 2013 cientos de periodistas en catorce estados del territorio federal salen a marchar en contra de la impunidad, pancartas que muestran mensajes de esperanza, fuerza y lucha le hacen eco a las cientos de voces que claman por justicia. El cuarto poder tiembla, parece no tener refugio y así quienes antes informaban ahora son noticia; en 2013 se han registrado 225 agresiones contra periodistas y medios, las voces se están silenciando y parece no haber escapatoria del miedo. Ha pasado casi un año desde la aprobación de la Ley para protección a periodistas y la ola de violencia en contra de ellos no tiene fin, cámaras manchadas con sangre, plumas olvidadas en los escritorios, micrófonos apagados e historias que nunca verán la luz, son el resultado de una guerra sistemática que ha acabado con miles de inocentes. “No se mata la verdad matando periodistas” coreaban cientos de voces en esa marcha, sin embargo la verdad no puede ser garantizada si quienes la muestran no están protegidos. Las luchas de estos periodistas no son por el poder, son unas luchas por la libertad, la verdad y la justicia, para que la ley vaya más allá del papel.
La situación no es reciente ni repentina desde que en 2006 Felipe Calderón empieza su periodo presidencial con un claro discurso con el cual busca implementar una guerra sistemática en contra del narcotráfico y todos los carteles de droga que se estaban posicionando en el país distribuyendo al ejército por todo el territorio mexicano, armas, fusiles y botas militares hacen su aparición en cada una de las esquinas de aquellas ciudades donde esta guerra parece no dar tregua, Ciudad de Juárez, Chiapas, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa son testigos de este despliegue de fuerza y sus calles pronto se llenan de atronadores ruidos de metralleta y ríos interminables de sangre.
La guerra ha sido declarada y ha comenzado, sin embargo ninguno de los contendientes pretende dar marcha atrás, cada día, cada hora el narcotráfico va penetrado los poros de esta sociedad impactada y aterrorizada logrando rebasar sus barreras y en algunos casos llegando a su corazón. El temor es inevitable y la corrupción también parece serlo, caen constantemente miembros de los dos bandos mientras que aquellos que se encuentran en el medio de aquel fuego cruzado también se ven alcanzados por los proyectiles, mueren familias, mueren inocentes, mueren periodistas.
En el sexenio de Calderón fueron asesinados cerca de 84 periodistas, 12 desaparecidos y se realizaron cerca de 40 atentados contra medios de comunicación que se suman a las 70.000 víctimas que ha dejado esta incesante lucha contra el narcotráfico, los abusos a los derechos humanos no dieron espera y la impunidad que es del 95% tampoco bajo la guardia; la gente está desmoralizada y no queda mucho que esperar de la tierra de los mayas, el presidente no da marcha atrás y tampoco deja caer el velo que le cubre los ojos impidiéndole ver como su país poco a poco se va desangrando. La corrupción ha tocado casi todas las puertas y ha decido establecer morada en muchas de ellas, las principales instituciones se ven involucradas con los grandes carteles, no se sabe en quien confiar y no se tiene en quien creer.
Los abusos y atentados contra una prensa rebelde que no se deja silenciar aumentan, ya no solo son mensajes anónimos, ahora son llamadas misteriosas, persecuciones, amenazas contra las familias, atentados contra los periódicos; disparos, granadas, censura y autocensura se convirtieron en el pan de cada día, la guerra psicológica en contra de los que no guardan silencio había empezado y ellos no tenían donde resguardarse, el presidente no quería oír sus historias y las organizaciones internacionales no encontraban más métodos para hacerse escuchar. En 2012 la venda sobre los ojos del mandatario por fin comienza a caer permitiéndole ver aquello que estaba ocurriendo, Calderón decide hacer algo llevando ante el congreso “La ley para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, su periodo está a punto de terminar y esta ley por fin logra ser aprobada. Felipe Calderón se despide de la presidencia pero México no se despide del narcotráfico ni de la violencia.
Enrique Peña Nieto llega al poder con un discurso fresco, renovado que propone menos armas y más cooperación, no obstante y en contra de los nuevos vientos, la violencia contra los periodistas no da tregua, con o sin plan de seguridad Nacional y a pesar de poseer una ley aprobada y una fiscalía especial para atender y resolver sus casos, hasta septiembre de 2013 se han registrado 225 agresiones contra periodistas, 3 asesinatos, 2 desapariciones, 4 ataques a medios, 27 amenazas y 7 privaciones ilegales de la libertad siendo los carteles de la droga (los zetas, los carteles de Juárez, Sinaloa, Tijuana, del golfo, entre otros) junto con el estado mexicano los principales perpetradores de los crímenes.
¿Los mecanismos de protección más allá del papel?
Una fiscalía encargada de investigar casos contra periodistas, sin aparente autonomía ni voluntad que funciona desde 2006 y un mecanismo de protección a periodistas implementado desde hace año y medio y cuyos resultados son desalentadores parecen ser las únicas trincheras en las que los periodistas se pueden resguardar.
En 2006 la FEADP, Fiscalía especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas hace su aparición en la esfera pública con la plena intención de favorecer a los periodistas y reducir la impunidad, al poco tiempo de su creación le llueven los diferentes casos y para sorpresa de muchos y confirmación de otros tantos resulta siendo ineficaz a la hora de investigar aquellos crímenes en contra de comunicadores convirtiéndose en otro de los organismos comenzó en el papel y que pareció nunca alejarse de él. Problemas de orden técnico, falta de independencia de la Procuraduría General, carencia de cooperación interinstitucional en donde a pesar de tener al mismo tipo de víctimas las diferentes dependencias no trabajan juntas para solucionar sus casos, sumados a falta de voluntad política dieron como resultado lo que algunos se atreverían a llamar otro castillo en el aire rodeado fuertemente por los verdugos de la verdad y la justicia.
“La expectativa era muy grande” afirma Martha Olivia López, directora de la organización Casa de los Derechos de los Periodistas, “hace un año cuando se expidió la ley las organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas teníamos una gran, gran expectativa de que funcionara y de que se trabajara como se debe.” Después de años de lucha por parte de varias organizaciones no gubernamentales tanto dentro como fuera de México para que se crearan mecanismos de protección verdaderamente efectivos, por fin pareciera que se filtrase un rayo de luz para los periodistas luego de estar sumidos tanto tiempo en la oscuridad. La apuesta era alta y los posibles resultados de la misma pretendían ser maravillosos, protección a periodistas, medidas de reubicación, asignación de escoltas, botones de pánico, entre otros fueron algunas de las propuestas de la ley, sin embargo año y medio después de su aprobación pareciera como si todas aquellas promesas quedaran enterradas bajo las voluntades políticas y los juegos de poder. “Había una muy alta expectativa, las organizaciones de la sociedad civil hicimos un voto de confianza para decir que si se podía avanzar en este sentido sin embargo los resultados no son los esperados”, concluye.
En 2013 el presidente cambió y consigo cambiaron también sus gabinetes, el desorden impera al interior de las instituciones, las personas apenas se están adaptando a sus nuevos cargos y mientras esto sucede, aquel caos se ve reflejado en las vidas de quienes antes contaban con ellos, dándole la oportunidad al peligro para rozarles los talones; la respuesta que tiene que dar el mecanismo a una solicitud urgente en donde la vida del periodista se encuentra en inminente peligro debe darse en un máximo de 12 horas de acuerdo a lo estipulado en la ley, no obstante ahora el mecanismo está respondiendo dichas solicitudes en un periodo de tiempo que va desde los cuatro a los diez meses, con acciones que pueden tardarse otro mes más en ponerse en práctica.
Marchas, movilizaciones de periodistas y sociedad civil, campañas de concientización en redes y unas organizaciones sociales bien plantadas fueron necesarias para que estos dos mecanismos fueran considerados por el gobierno federal.
Sin embargo al no ser estos mecanismos del todo suficientes para enfrentar la realidad que se vive, los periodistas y las organizaciones de derechos humanos siguen de pie enarbolando la pancarta de la justicia y la equidad, armados con una infinita paciencia y valentía se mantienen firmes en sus propósitos y exigencias incluso cuando las batallas parecen perdidas voces de lucha alimentadas por el coraje de unos cuantos consiguen escucharse un poco más para hacerles saber a las autoridades que ellos siguen ahí, que no se han rendido, “Uno de los acuerdos, de los resolutivos fue exigirle a esta fiscalía que cumpla con lo establecido en el acuerdo legal con la finalidad de erradicar el grado de impunidad que existe en México con respecto a los asesinatos y demás agresiones contra periodistas.” comenta Martha Olivia sobre los resolutivos, publicados en El País de España, productos del segundo encuentro de periodistas realizado en México del 30 al 3 de noviembre de este año.
Cuando las armas amenazan a las plumas.
“Tengo miedo todos los días. Vivimos con miedo. Te da miedo abrir la puerta de tu casa o estar aquí sin protección alguna. Miedo a los malos, y también a los ‘buenos’ como el gobierno. Es una delgadita línea entre ambos que se cruza y se rompe” sostiene Félix Márquez en el reportaje “Periodistas y su peregrinar por Veracruz”, muchos periodistas como él viven con constante temor, temor de salir y de publicar cualquier nota porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. “Las amenazas no son por la gran noticia, por el gran reportaje que hayas hecho sino simplemente porque mencionaste algo o alguien que ellos protegen” agrega Martha Olivia.
La situación a la que se enfrentan parece increíble, carros parqueados fuera de sus casas, de sus oficinas, llamadas amenazantes, correos insultantes, allanamiento de morada y agresiones físicas sirven como advertencias que tanto grupos criminales como sombras estatales utilizan para entregar su mensaje: hay que guardar silencio. Un sin número de periodistas han caído, sus cámaras se han apagado, sus voces silenciado y aquellos recuerdos que quedan de ellos están sellados por el temor.
Armando Rodríguez y Luis Carlos Santiago Orozco dos periodistas de El Diario de Ciudad de Juárez fueron asesinados en 2008 y 2010 respectivamente por grupos del crimen organizado que hacen presencia en Juárez, sus casos siguen en la impunidad sin tener una sola pista de los responsables. Sus muertes se le atribuyen a las investigaciones que venían realizando sobre los posibles nexos de agentes estatales y el crimen organizado. Armando Rodríguez quien cubrió durante 14 años temas de orden público en El Diario, semanas antes de su muerte denunció ante organizaciones no gubernamentales que estaba recibiendo amenazas por medio de mensajes de texto, las autoridades le ofrecieron protección policial, sin embargo esta pareció no llegar a tiempo ya que días después fue acribillado a tiros frente a su hija de 8 años mientras esperaba fuera de su casa para llevar a sus dos hijos a la escuela. Luis Carlos Santiago Orozco fotógrafo de este mismo periódico fue asesinado en situaciones confusas mientras se movilizaba a cubrir una noticia, varias investigaciones apuntan a que podría tratarse de una equivocación ya que en el momento de su muerte estaba conduciendo el carro de otro compañero periodista mientras que otras sostiene que se debió a su trabajo periodístico. Estas dos muertes sumadas a varias amenazas dieron como resultado que el 22 de septiembre de 2010 El Diario publicara en su editorial titulado “¿Qué quieren de nosotros?” una carta dirigida a los grupos de crimen organizado que expresaba lo siguiente:
“Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo.”
Los periódicos en Juárez inclinan la cabeza ante el asedio de las bandas criminales, muchos de ellos se convierten en sus voceros porque no les queda otra opción. No solo los periodistas se ven afectados, las instalaciones de los medios sufren también esta guerra con granadas lanzadas contra los edificios y metralletas haciendo eco en los pasillos de salas de redacción. El 6 de marzo de 2013 las instalaciones de El Diario y Canal 44 fueron atacadas por desconocidos dejando como resultado innumerables pérdidas materiales que se hacen evidentes en los miles de agujeros a través de los cuales se escapan las palabras y se escapa la verdad. No fue un atentado directo, fue una advertencia, sin embrago el mensaje que dejan vuelve a ser claro: la subordinación o la muerte.
Pero a los grupos criminales no son los únicos a los que deben temer, el estado también tiene responsabilidad en estos crímenes bien sea por acción o por omisión. Veracruz, uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo, se convierte en el observatorio de este tipo de situaciones: “En Veracruz no hay libertad de prensa. Puedes decir lo que quieres, pero la consecuencia que pagas por decirlo, es desmedida: la vida, el exilio o el desempleo… Yo sé que siempre seré perseguida por el gobierno de Javier Duarte, hasta el último día de su mandato. En Veracruz no se respeta a los periodistas ni vivos ni muertos” sostiene Maryjose Gamboa, periodista de Veracruz que lleva 18 años ejerciendo el periodismo, en el reportaje “Periodistas y su peregrinar por Veracruz” y quien se ha visto asediada por un gobierno que no acepta críticas. En el gobierno de Javier Duarte se han cometido 17 ataques contra periodistas sin que en alguno de ellos se tenga indicios claro o se haya judicializado a los responsables, la presión es palpable y el riesgo parece estar en cada esquina, aquí los protagonistas no son las bandas criminales, que si bien pueden tener participación en estos ataques, el protagonista es el estado con una serie de abusos y de persecución para acallar la protesta.
No es inusual leer, escuchar o enterarse que desde el gobierno se hace una campaña de difamación contra aquellos que escriben con una fuerte línea crítica, mensajes en correos electrónicos anónimos y comunicados oficiales son algunos de los métodos que utilizan funcionarios de este gobierno para tildar a los periodistas de delincuentes, cómplices, mentirosos, locos e incluso peligrosos, se envían comunicados oficiales a los medios de comunicación solicitando desde la gobernación no participar en actos públicos en contra de la impunidad, se despiden periodistas solo porque le resultan incomodos a uno que otro funcionario público. “En Veracruz no hay libertad de prensa, todo se controla con una simple llamada desde la dirección de comunicación social para quitar notas y periodistas” afirma Félix Márquez, fotoperiodista en esta ciudad, en el reportaje “Periodistas y su peregrinar por Veracruz”, pareciera que algunos medios en este lugar estuvieran atados con correa a las caderas del estado.
La guerra en contra de ellos no solo es física, aunque sombras del estado también han golpeado y amordazado a muchos que se negaban a callar, también es psicológica esparciendo un sentimiento de desasosiego, desesperanza, frustración y olvido en el recuerdo de los que ya no están. El 28 de abril de este año se cumplió un año del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz Regina Martínez, caso que hasta el momento se mantiene en la absoluta impunidad tomando giros inesperados e incomprensibles. No fue un asesinato que se produjo de la nada, Martínez venía siendo amenazada desde hace meses pero no había querido denunciar porque no sabía de donde provenían dichas amenazas, prefirió hacerles frente sola porque no confiaba en la protección que le pudieran ofrecer. De los responsables aún no se sabe nada, en medio de giros turbulentos se apresó al supuesto culpable quien sostuvo haber confesado el crimen bajo tortura de desconocidos, en otro suceso aún más inesperado un juez del distrito dejó en libertad a este hombre quien a los pocos días muere. Poca concordancia en el relato del involucrado y fuertes amenazas contra uno de los compañeros de la periodista que decidió investigar a fondo los sucesos son algunos de los por menores de un caso que deja mucho por pensar, sentir y conocer.
“Cuando la Corte ordenó al gobierno de México que me diera protección, empezaron de nuevo las amenazas” son las palabras de Rosa Isela Pérez en una entrevista concedida a “El País” en febrero de 2012 cuando relata su historia y explica algunas de las razones por las cuales se exilió de México en 2010. Como ella muchos otros periodistas se han ido del país porque los mecanismos que les ofrecen para protegerlos, si es que les ofrecen alguno, no atienden los derechos de forma global. “Es una falla que solo se han otorgado medidas de protección bajo una lógica de seguridad policial, por lo que falta tener una perspectiva integral de derechos humanos y de las poblaciones que atiende el mecanismo de protección,” asegura Omar Rábago, sociólogo especialista en derechos humanos y libertad de expresión.
Verónica Gambero es otra de las historias de exilio, amenazada por una investigación que estaba realizando sobre detenciones irregulares en las cuales se vinculaban nombres de altos funcionarios del gobierno, deja su corazón en su patria pero se lleva en sus maletas su valentía en aras de proteger a su familia. “Se me dijo de manera muy directa y muy descriptiva cómo podrían matarme a mí y a mi familia, esa fue la razón por la que salí de México”, aseguró la periodista en una entrevista para Reporteros Sin Fronteras. Verónica como muchos otros presentó su caso ante la Fiscalía especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas en donde le dieron respuesta a su solicitud dos días después cuando debieron hacerlo en un máximo de 12 horas. Este organismo le brindaba la protección pero no le informaban el pliego completo de medidas que le ofrecían, un botón de pánico, guardias haciendo recorridos por su calle, posibilidades de escoltas y la reubicación en un refugio era lo primero que le decían; no obstante los albergues aún no estaban funcionando porque el gobierno no ha destinado el presupuesto suficiente para terminarlos, las rondas policiacas no dan confianza cuando no se sabe para quienes trabajan realmente estos policías y el botón de pánico a pesar de enviar la señal de alerta a las autoridades más cercanas, su respuesta tarda de 15 a 20 minutos. “Cuando te quieren secuestrar o te quieren matar lo van a hacer aunque tengas diez botones de pánico. La mayoría de los periodistas en los estados se sienten más vulnerables cuando traen uno o dos guardaespaldas porque ya los demás te ven como una persona influyente que puedes tener dinero para ser secuestrable, además los periodistas no estamos acostumbrados a tener guaruras[1] ni a estar protegidos de esa manera, lamentablemente el día que te quieran secuestrar o matar lo hacen” agrega Martha Olivia de la Casa de los Derechos de Periodistas.
Una vez más los periodistas se ven desarmados ante fuerzas más grandes, poderosas y aterrorizantes que las palabras, las ideas y las promesas del estado se desvanecen en el aire y ellos tienen que buscar algún resguardo, las organizaciones internacionales y no gubernamentales que se encuentran en su país parecen ser la única solución. En casos como el de Verónica y el de Rosa sin el apoyo que ONGs mexicanas y organismos internacionales sus historias podrían haber sido diferentes. Unos y otros grupos se relevan y cooperan para brindarles la mayor protección y ayuda no solo jurídica sino también física y psicológica a los periodistas que se encuentran en riesgo. “Mientras el mecanismo empieza a funcionar el periodista llega a una organización, los protegemos unos meses, les buscamos refugio, formas de mantenerse, cuando esa organización ya no tiene los recursos o agota el tiempo de su protocolo, entra a relevarlo otra organización” sostiene Martha Olivia.
“No se mata la verdad matando periodistas” corearon cientos de voces en aquellas marchas, voces que quieren hacerle frente a esa batalla que por momentos parece superar a aquellos periodistas que no se dejan silenciar pero que tampoco tienen trincheras en donde resguardarse del ruido de las balas y del impacto de los fusiles. Su lucha apenas empieza, pero no es solo una lucha de periodistas, de ONGs, de defensores de derechos humanos, es también la lucha de una sociedad civil que está cansada de la impunidad, una sociedad a la cual apenas se le está cayendo el velo que los mantenía ciegos y que está notando cómo poco a poco las palabras se están desvaneciendo en el aire, esta lucha que es la lucha de todos y sobre todo es un batalla para que el gobierno también se dé cuenta que las leyes deben ir más allá del papel.
MANUELA MARTÍNEZ BELALCÁZAR.
El reportaje “Periodistas y su peregrinar en Veracruz” puede ser encontrado en: http://www.sinembargo.mx/22-04-2013/595030
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